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Tuesday, April 15, 2008

ser mujer indígena en Chiapas

Documental (fragmento) sobre el ser mujer indígena en Chiapas. Un trabajo de Adriana Estrada y Noé Pineda. Premio Internacional Mujer y Trabajo, en el marco del V Encuentro Hispanoamericano de Video Documental Independiente, Contra el Silencio Todas las Voces. Abril 2008. Duración del video 6:30 MIN.

Monday, March 31, 2008

presos en huelga de hambre y ayuno en Chiapas

imagen: Ernesto Guzmán

Breve reporte de la situación de presos
en huelga de hambre y ayuno

Viernes 28 de marzo de 2008

  • 33 días en huelga de hambre de 4 personas simpatizantes zapatistas (El Amate)
  • 33 días en huelga de hambre de 7 personas de Voz del Amate (El Amate)
  • 33 días en ayuno y oración de 2 personas de Voz del Amate (1 mujer) (El Amate)
  • 32 días en huelga de hambre de 1 persona de Cioac (El Amate)
  • 32 días en ayuno y oración de 1 persona de Cioac (El Amate)
  • 25 días en huelga de hambre de 9 personas de Voz de los Llanos (Los Llanos)
  • 25 días en ayuno y oración de 6 personas de Voz de los Llanos (Los Llanos)
  • 19 días en huelga de hambre de 8 personas simpatizantes zapatistas (Playas)
  • 19 días en ayuno y oración de 1 mujer simpatizante zapatista (Los Llanos)
  • 5 días en ayuno y oración de 2 personas simpatizantes zapatistas (Tacotalpa)
  • 4 días en huelga de hambre (después de 42 en ayuno) de 2 personas de Tres Cruces (El Amate)

información enviada por el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC


:::: noticias relacionadas ::::


Tuesday, March 11, 2008

Cosas que saqué en claro del dia internacional de la mujer


Para que nadie mas diga "feliz dia", o "festejamos" o te regale bombones, rosas o besos:

Los 8 de Marzos

1857: algunas operarias textiles de Nueva York protestaron por mejoras en las condiciones laborales recorriendo los suburbios ricos . Fueron reprimidas por la policia, como usualmente pasa.

1859: estas mis obreras fundan un sindicato, que como ya sabemos, solo legitima la supuesta legalidad y los medios estatales para luchar por mejoras en el trabajo (en vez de luchar por dejar de trabajar y el derecho al ocio).

1908 15.000 obreras marcharon por las calles de Nueva York.

1909 140 trabajadoras de la empresa textil triangle ShirtWaist mueren en un incendio en la empresa por falta de seguridad en las condiciones de trabajo. De este hecho nace el mito, romantico, idealista, y porque no contraproducente, de que el dueño de la fabrica y el patron de las obreras, las quemaron vivas. No fue este un hecho aislado de un psicotico pironamiaco endemoniado y misogino. Asi funciona el capitalismo, malas condiciones laborales, las empresas suelen ser lugares peligrosos. 10,000 personas asistieron al funeral de las operarias.

1910 Clara Zetkin, lider del ala femanina de la Social Democracia Alemana, el partido socialista mas numeroso de todos los tiempos, instaura un 8/3 como el dia internacional de la mujer trabajadora (las otras no importan) durante el congreso internacional de mujeres socialistas (las otras no importan).

1917 en Rusia las obreras salen a la calle e inician la revolucion rusa, luego sustraida por los bolvechiques como una revolucion socialista.


1977 las naciones unidas reconocen oficialmente el día como Dia internacional de la Mujer.


Cuando me preguntan por que soy feminista digo
70% de mujeres en el mundo son pobres
51% de las mujeres del mundo realiza aun trabajo no remunerado
33% de las mujeres del mundo son pobres.
100000 mueren al año en el mundo por abortos mal practicados o clandestinos
Por las que no estan
Por las que no sabemos donde estan
Por las que estan presas, adentro y afuera, y en las esquinas del patriarcado

Leonor Silvestri

Thursday, February 28, 2008

FRAYBA, centro de Derechos Humanos: Acción Urgente, presos en Chiapas

Zacario Hernández (20 días en huelga de hambre) · Enrique Hernández
Pascual Heredia · Mariano Heredia; presos en el Amate



En seguimiento a las denuncias recibidas por los presos en huelga de hambre en el penal del Amate, en Cintalapa, Chiapas, envíamos la siguiente Acción Urgente solicitando su solidaridad enviando cartas a las autoridades que se sugieren al final del documento.

El proceso de la mayor parte de estos presos, ha sido seguido y atendido por este Centro de Derechos Humanos a lo largo de varios años.

Ante la negativa de atención de las distintas autoridades, la medida que han tomado preocupa a este Centro dada su determinación.

En los siguientes enlaces encontrarán más información relacionada a los distintos casos:

Documentos
http://www.frayba.org/archivo/boletines/080212_04_huelga_ayuno_presos_tres_cruces.pdf
http://www.frayba.org/archivo/denuncias/080227_carta_de_la_voz_del_amate.pdf
http://www.frayba.org/archivo/denuncias/080225_huelga_zapatistas_amate.pdf
http://www.frayba.org/archivo/denuncias/080227_carta_de_integrante_de_la_cioac.pdf
http://www.frayba.org/archivo/denuncias/080225_huelga_de_hambre_la_voz_del_amate.pdf
http://www.frayba.org/archivo/denuncias/080223_denuncia_sacario_revision_medica.pdf
http://www.frayba.org/archivo/denuncias/080219_peregrinacion_pueblo_creyente.pdf
http://www.frayba.org/archivo/denuncias/080211_carta_huelga_zacario.pdf

Audios
http://www.regeneracionradio.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1794&Itemid=41
http://www.regeneracionradio.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1253&Itemid=41





ENVÍE SUS LLAMAMIENTOS A
:

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, DISTRITO FEDERAL, México
(55) 27891100 (55) 52772376
Correo-electrónico: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Correo-electrónico: secparticular@chiapas.gob.mx
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056

Sonia Siman Morales
Presidente de la Magistratura Superior del Estado de Chiapas y Consejera
Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial del Estado
de Chiapas
Palacio de Justicia
Libramiento Norte Oriente no. 2100. Fracc. El Bosque. C.P. 29047.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Conmutador (01-961) 61 7-87-00 o a los siguientes números:
01 (961) 61 65 350 o al 01 (961) 65 354

Amador Rodríguez Lozano
Ministro de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento norte oriente y Rosa de Oriente #2010, Col. El Bosque, C.P.
29049
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: + 52 (961) 6-17-23-00
Correo-electrónico: arodriguez@mje.chiapas.gob.mx

FAVOR DE ENVIAR COPIA A:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Brasil No. 14 Barrio Mexicanos, CP. 29240, San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, México
TELEFAX: +52 (967) 678 35 48, 678 35 51, 678 73 96
Correo electrónico: medios@frayba.org.mx


Agradeciendo su interes, estamos para mayor información.

Área de Comunicación Social del Frayba
Tel: 01 967 (678 7395 y 678 7396)
medios@frayba.org.mx
www.frayba.org.mx


Monday, December 31, 2007

informe 2008 amnistía internacional MÉXICO

Estados Unidos Mexicanos

Jefe del Estado y del gobierno Felipe Calderón Hinojosa
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 109,6 millones
Esperanza de vida 75,6 años
Mortalidad infantil (<5> 22/18 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 91,6 por ciento


informe 2008 amnistía internacional MÉXICO



Las violaciones de derechos humanos continuaron siendo generalizadas y, en algunos estados, sistemáticas. La mayor parte de los responsables seguía eludiendo la justicia. En diversas ocasiones, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes e hirió a algunos de ellos. Según los informes, en el estado de Oaxaca continuaban los abusos contra los derechos humanos. Militares que realizaban funciones policiales mataron a varias personas y cometieron otras graves violaciones de derechos humanos. Tampoco se produjeron avances en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno con respecto al procesamiento de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en décadas anteriores.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio y amenazas. Según los informes, las autoridades de diversos estados hicieron un uso indebido del sistema judicial para que activistas políticos y sociales fueran objeto de procesos injustos.

Las comunidades indígenas y otros grupos desfavorecidos, como los migrantes, continuaban sufriendo discriminación. La falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de una consulta legítima sobre los proyectos de desarrollo agravaron las desigualdades y dieron lugar a conflictos. A las comunidades afectadas se les negaba a menudo el acceso efectivo a la justicia.

A pesar de las reformas legales positivas, la violencia contra las mujeres continuó siendo generalizada y a la mayoría de las sobrevivientes se les negaba el acceso efectivo a la justicia.


Información general

El presidente Calderón prometió que su gobierno lucharía contra la delincuencia organizada, que durante 2007 fue presuntamente responsable de más de 2.500 homicidios.

En octubre, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron la Iniciativa Mérida, una iniciativa de cooperación en materia de seguridad regional en virtud de la cual el gobierno estadounidense propuso ofrecer a México y América Central 1.400 millones de dólares en asistencia sobre seguridad y justicia penal a lo largo de tres años. Al finalizar 2007, el Congreso de Estados Unidos continuaba deliberando sobre la propuesta y su posible repercusión en los derechos humanos y la seguridad.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En mayo, las autoridades anunciaron la creación de un Plan Nacional de Desarrollo que incluía compromisos de protección de los derechos humanos. El gobierno también se comprometió a mantener abierta la invitación a los mecanismos internacionales de derechos humanos y a abordar el uso de la tortura.

En agosto se anunció la creación de un nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos.

En el Congreso se produjeron avances en las reformas de la Constitución y de los sistemas de seguridad pública y justicia penal. Estas reformas exigían cambios importantes en los procedimientos judiciales y policiales, como el reforzamiento de las competencias de la policía y el Ministerio Público para entrar en los domicilios sin autorización judicial y para recluir en un tipo especial de detención preventiva (el denominado «arraigo») durante un periodo de hasta 80 días a personas sospechosas de pertenecer a la delincuencia organizada.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

En febrero, la Suprema Corte de Justicia falló que el Ejército había violado la prohibición constitucional de la discriminación al destituir a militares por ser seropositivos.

En diciembre, una investigación especial ordenada por la Corte informó sobre sus averiguaciones con respecto al caso de Lydia Cacho. Concluyó que el gobernador del estado de Puebla y otros altos cargos locales eran responsables de utilizar el sistema de justicia de modo indebido, lo que había llevado a que la periodista fuese detenida, sometida a malos tratos y procesada en un juicio injusto por publicar un libro sobre redes de pornografía y abuso de menores. Sin embargo, la mayor parte de los jueces de la Suprema Corte se negaron a refrendar estas conclusiones.

Al concluir el año, aún no se conocían los resultados de otras dos investigaciones especiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre abusos cometidos en San Salvador Atenco y el estado de Oaxaca.

Derechos reproductivos

La asamblea legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto practicado durante el primer trimestre y estableció la creación de servicios destinados a este fin en Ciudad de México. La Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia recursos constitucionales contra estas reformas, que al finalizar el año aún no se habían resuelto.

Fuerzas policiales y de seguridad: seguridad pública

Militares

Más de 20.000 militares repartidos por numerosos estados realizaban labores policiales para luchar contra las bandas de narcotraficantes. Según los informes, algunos de estos militares detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas durante estas operaciones.

  • En febrero, las autoridades del estado de Veracruz concluyeron que una mujer indígena, Ernestina Ascencio Rosario, había muerto debido a las heridas causadas por la violación a la que presuntamente la sometieron militares que llevaban a cabo operaciones policiales en el estado. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la investigación contenía errores y que Ernestina Ascencio había muerto por causas naturales. A pesar de la preocupación generalizada que despertó el modo en que se trató el caso, la investigación se dio por cerrada.
  • En mayo, unos militares que participaban en operaciones policiales detuvieron arbitrariamente a varias personas en el estado de Michoacán. Varios de los detenidos informaron de que habían sufrido malos tratos; al parecer, cuatro adolescentes fueron violadas o sometidas a agresión sexual.
  • En junio, unos soldados que se encontraban en un control de carretera en el estado de Sinaloa dispararon contra un vehículo y mataron a dos mujeres, dos niñas y un niño. Algunos de los soldados fueron detenidos, y al finalizar el año continuaban las investigaciones militares iniciadas.

Tortura y uso excesivo de la fuerza

Se acusó a agentes de policía de torturas y de hacer un uso excesivo de la fuerza.

  • En julio, unos agentes de la policía municipal y estatal utilizaron en Oaxaca gas lacrimógeno, piedras y porras para dispersar a manifestantes, causando heridas graves a no menos de dos personas. Se practicaron decenas de detenciones. Emeterio Cruz fue fotografiado cuando gozaba de buena salud mientras se encontraba bajo custodia, pero con posterioridad fue golpeado repetidamente por la policía, y más tarde llevado a un hospital en estado de coma. En agosto, cuando le dieron el alta, sufría parálisis parcial. Cinco agentes de la policía municipal fueron detenidos y acusados en relación con el caso.
  • En junio, agentes de la policía estatal desalojaron a un grupo de indígenas campesinos nahua que ocupaban tierras en litigio del municipio de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz. La policía disparó al aire repetidamente; una de las personas detenidas resultó herida de bala. Según los informes, los detenidos fueron golpeados y amenazados durante el interrogatorio para obligarlos a implicar a su dirigente en presuntos delitos. Posteriormente quedaron en libertad bajo fianza, en espera de ser procesados por ocupación ilegal de tierras.


Impunidad

Las investigaciones sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos por parte de agentes de policía eran muchas veces deficientes, y la impunidad de las violaciones de derechos humanos era generalizada.

El sistema de justicia militar era a menudo el que se ocupaba de casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos halló indicios de abusos graves en algunos casos, pero no recomendó que los tribunales civiles se ocupasen de ellos.

  • En octubre, un tribunal civil declaró a cuatro soldados culpables de la violación de 14 mujeres cometida en julio de 2006 en el municipio de Castaños, estado de Coahuila. Otros militares que participaron en la agresión quedaron absueltos o no fueron procesados.


Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado había investigado previamente, fueron transferidas de nuevo a la Procuraduría General de la República sin que mediase ningún compromiso de continuar con las investigaciones. El gobierno hizo caso omiso del informe final de la Fiscalía Especial, en el que se reconocía que los abusos habían constituido crímenes de Estado sistemáticos. En octubre se anunció la creación de un fondo para indemnizar a las víctimas.

  • En julio, un juez federal falló que la matanza de decenas de estudiantes cometida en 1968 en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, constituía genocidio, pero que no había pruebas suficientes contra el ex presidente Luis Echeverría para continuar con el proceso. Al concluir el año estaba pendiente un recurso presentado contra este fallo.


Posibles desapariciones forzadas

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusó a las autoridades de la desaparición forzada de dos de sus miembros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de los que afirmó que habían sido detenidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo.

En agosto, el EPR reivindicó la autoría de diversas explosiones producidas en el centro de México como apoyo a su petición de que las autoridades admitieran la detención de los dos hombres. En octubre, un tribunal federal dictó un recurso de amparo en el que ordenaba que cesara inmediatamente la desaparición forzada de esas personas y que las autoridades las hicieran aparecer. Las autoridades federales y estatales negaron la detención y la desaparición forzada de los dos hombres y prometieron investigar los hechos. Al finalizar el año continuaba sin conocerse el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Violencia contra las mujeres

En junio, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares halló que el 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años afirmaba haber sufrido algún tipo de violencia en el hogar, la comunidad, el lugar de trabajo o la escuela, y que casi 1 de cada 10 declaraba haber sido víctima de violencia sexual.

En febrero entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de ámbito federal. Nueve estados introdujeron reformas legales similares.

Según los informes, más de 25 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez en 2007. Las autoridades continuaban sin procesar a los responsables de numerosos delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el estado en años anteriores. El número de mujeres asesinadas y el grado de impunidad eran, según informes, incluso superiores en otros estados, como el estado de México.

Sistema de justicia: detención arbitraria y juicios injustos

En algunos estados continuó utilizándose el sistema de justicia penal para procesar a activistas y opositores políticos, que eran detenidos arbitrariamente durante periodos prolongados y sometidos a procesos legales injustos. A pesar de que en muchas ocasiones se ganaban los recursos presentados ante los tribunales federales, era frecuente que los tribunales estatales no enmendasen las injusticias. Ningún funcionario se vio obligado a rendir cuentas por infringir las normas sobre juicios justos.

  • En noviembre, la presa de conciencia Magdalena García Durán, indígena detenida durante las protestas de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, quedó en libertad por falta de pruebas cuando un juez local dio finalmente cumplimiento a la resolución dictada por un tribunal federal en un segundo recurso. Sin embargo, más de 20 personas detenidas al mismo tiempo en San Salvador Atenco estaban siendo juzgadas al concluir el año, en procesos caracterizados por actuaciones injustas similares.
  • Diego Arcos, dirigente comunitario de Nuevo Tila, en el estado de Chiapas, quedó en libertad en diciembre de 2007 tras pasar un año bajo custodia acusado de cuatro asesinatos cometidos durante un ataque contra la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2006. A pesar de haber ganado un recurso federal en agosto, no quedó en libertad hasta que el ministro de Justicia del estado revisó el caso y retiró los cargos.
  • Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, dirigentes de un movimiento local de protesta de San Salvador Atenco, estado de México, fueron condenados en mayo a 67 años de prisión cada uno tras ser hallados culpables de secuestrar a funcionarios públicos durante las disputas locales que se produjeron en 2006. Hubo honda preocupación en relación con la imparcialidad del juicio y la condena.


Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques, amenazas, hostigamiento y cargos penales infundados en muchos estados, en lo que parecían ser represalias por su labor.

  • En mayo, Aldo Zamora, miembro de una familia de ecologistas que hacían campaña contra la tala ilegal de árboles en el municipio de Ocuilán, estado de México, murió abatido por disparos. Su padre había presentado reiteradas denuncias a las autoridades sobre las amenazas de muerte que recibía la familia, pero no se habían tomado medidas. En agosto fueron detenidos dos sospechosos; otros dos continuaban en libertad al finalizar el año.
  • En abril, el defensor de los derechos de los migrantes Santiago Rafael Cruz fue golpeado hasta morir en la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino, en Monterrey, estado de Nuevo León. Las autoridades del estado negaron que el homicidio estuviese relacionado con su trabajo en favor de los derechos humanos, pero organizaciones locales de derechos humanos expresaron preocupación con respecto al rigor con que se había llevado a cabo la investigación sobre su muerte. Un hombre fue acusado del asesinato y detenido, y al finalizar el año se encontraba en espera de juicio.
  • La defensora de los derechos humanos Aline Castellanos se vio obligada a abandonar el estado de Oaxaca tras dictarse en su contra una orden de detención basada en pruebas falsificadas que la acusaban de participar en la ocupación de un edificio público.


Libertad de expresión: periodistas

Los periodistas, especialmente los que informaban sobre narcotráfico y corrupción, fueron objeto de ataques reiterados. Al menos seis periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados, y otros tres fueron secuestrados. La mayor parte de las investigaciones oficiales sobre estos delitos y sobre ataques a periodistas cometidos en el pasado apenas avanzaron o estaban estancadas.

  • En octubre, Mateo Cortés Martínez, Flor Vásquez López y Agustín López Nolasco, trabajadores del periódico ElImparcial del Istmo, de Oaxaca, murieron a consecuencia de los disparos que recibieron mientras repartían periódicos. Inmediatamente después de los homicidios, el director del diario y dos periodistas recibieron amenazas en las que se les advertía de que podría ocurrirles lo mismo.

Los ataques reiterados contra periodistas provocaron un aumento de la autocensura y socavaron la libertad de expresión.

En abril se despenalizó la difamación en la legislación federal, pero en la mayor parte de las jurisdicciones estatales continuó siendo delito común.

Discriminación: comunidades marginadas

Muchas comunidades marginadas continuaban teniendo un acceso limitado a servicios básicos, a pesar del compromiso del gobierno de aumentar el gasto social. Esto generó conflictos, desigualdad y discriminación, que afectaban especialmente a las comunidades indígenas. El hecho de que las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo o inversión no recibiesen información veraz, no fuesen consultadas ni tuviesen la oportunidad de participar en la formulación de los proyectos intensificó las tensiones y limitó el empoderamiento.

  • Las comunidades que se oponían a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, ganaron diversos recursos legales preliminares basados en que no se había obtenido legalmente la aprobación de la comunidad. El proyecto continuaba suspendido al concluir el año, en espera de que se resolviesen diversas acciones legales.


Migrantes

Continuaron recibiéndose informes de abusos contra algunos de los miles de migrantes irregulares que cruzaban las fronteras del norte y el sur. Las personas que ofrecían asistencia humanitaria a los migrantes que pasaban por México corrían peligro de ser acusadas de trata de personas.

El gobierno propuso nuevos procedimientos reguladores para los centros de detención de migrantes («estaciones migratorias»). Al concluir el año, la propuesta, que restringiría el acceso de la sociedad civil y aumentaría el control sobre los migrantes, estaba pendiente de aprobación por parte del ejecutivo.

Informes y visita de Amnistía Internacional

Monday, December 10, 2007

Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas


Estas son algunas de los artículos de la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en México:

ARTÍCULO 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo,conforme a lo siguiente:
a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que
hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.
b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e
instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias.
La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.
En los términos del artículo 5o., en las entidades federativas y en los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en las instancias que se requieran.

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.


La ley existe, que no se respeta es otra cosa aunque muy parecida.

Para ver los artículos completos, ir a: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257.pdf

Thursday, November 15, 2007

fray bartolomé de las casas: derechos humanos

·

"Constantemente publicamos denuncias de violaciones a derechos humanos en temas como derechos de los pueblos indígenas, represión e impunidad. A su vez esta página en su conjunto es un archivo de la memoria histórica del conflicto armado y del proceso de las organizaciones indígenas en su lucha por su libre determinación como pueblos"

http://www.frayba.org.mx/index.php

Friday, November 2, 2007

por la memoria y contra el olvido: Acteal a 10 años

Guadalajara, Jalisco, a 31 de octubre de 2007

foto: jesús hernández/ acústico en vivo
El 22 de diciembre de 1997 ocurrió una de las peores afrentas al pueblo de México. La Masacre de Acteal que cobró la vida de 45 personas, en su mayoría mujeres y menores indígenas, fue la muestra de lo que el Estado está dispuesto a hacer en la aplicación de la doctrina contrainsurgente contra la población.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ve con preocupación el interés de ciertos actores por tergiversar la verdad de los hechos ocurridos en Acteal hace casi 10 años, con el propósito de fomentar la impunidad de los responsables materiales e intelectuales, eximir la responsabilidad directa del Estado en este crimen de lesa humanidad y permitir que los ataques sistemáticos contra la población civil se sigan perpetrando en el país, como ha sido hasta ahora en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, desplazando comunidades indígenas, torturando, violando mujeres, cometiendo ejecuciones y desapariciones forzadas.


La Masacre de Acteal fue y sigue siendo un crimen de lesa humanidad que cortó la vida de 45 personas y que agrede la conciencia de la humanidad entera. Es por ello que esta Red Nacional, en su XXXIV Asamblea ordinaria, se suma a las voces de las víctimas y exige el respeto al derecho a la verdad, la garantía del derecho a la justicia y de medidas de no repetición, y:


· Urge a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tome una decisión pronta para la admisibilidad del caso, atajando la impunidad y contribuyendo a evitar que nuevos hechos como estos vuelvan a ocurrir.

· Hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, para que este próximo 22 de diciembre, realice acciones públicas que fortalezcan la memoria por encima del olvido que el Estado a través de voceros “oficiosos”, pretenden imponernos.


Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los derechos para todas y todos”


Informe: Acteal, ante la justicia (Breve reporte jurídico a 10 años de la masacre de Acteal)

Friday, October 12, 2007

Elecciones: la punta del iceberg

auto quemado en Rincón Chamula, días antes del proceso electoral Chiapas 2007

Compañeros y compañeras

Les compartimos el comunicado que la Red por la Paz Chiapas dio aconocer el dia de ayer, en San Cristobal de Las Casas, Chiapas. su lectura estuvo a cargo de Mons. Samuel Ruiz Garcia, en su calidad de presidente del CDH Fray Bartolome de las Casas y de Serapaz.

Donde se denuncia el contexto de violencia que ha caracterizado la situación en el estado de Chiapas durante los últimos meses.

-Comunicacion Frayba